Pero hace años que los colectivos que luchan contra la privatización sanitaria denuncian que las UGC, implantadas en hospitales y centros de salud de varias comunidades y en vías de implantación acelerada en otras, son el caballo de Troya de la mercantilización del sistema sanitario, perfecto porque no levanta sospechas.
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Los últimos movimientos en la implantación de las UGC se producían este verano. El 7 de julio,
el Consejo de Estado emitía un dictamen sobre el proyecto de Real Decreto por el que se fijan las bases para la implantación de las UGC en los servicios de salud de las distintas comunidades, que el Gobierno preparó en 2015. El organismo, que da su visto bueno al proyecto, dictamina que la normativa debe tener rango de ley, por lo que emplaza a que lo retome el próximo Gobierno.
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En esta comunidad se lanzaron dos pruebas piloto en Valladolid y Zamora en 2012, que
fueron posteriormente tumbadas por el TSJ. “Los trabajadores que han estado inmersos en estas pruebas también cuentan que disminuye el personal y las cargas de trabajo aumentan, y con ello baja la calidad asistencial. Eso es algo que veremos a largo plazo”
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Y es que
todo el sistema se basa en los incentivos por cumplimiento de objetivos. “No es compatible el ejercicio ético de la medicina con la recepción de incentivos relacionados con reducir el gasto por paciente. Si introduces incentivos, el dinero sale de ingresar menos días a un paciente o de no mandarle una prueba cara o un fármaco caro”, añade Gómez.
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Lo cierto es que comunidades de distinto signo político han implantado las UGC. Andalucía (PSOE) las reguló en 2007, Asturias las introdujo en 2009 bajo el PP y las ha mantenido con los gobiernos posteriores, País Vasco (PNV) las introdujo al menos en 2007 y Galicia (PP) las reguló en 2014 pero no ha podido implantarlas aún por la oposición que generan, mientras que Castilla-La Mancha (PSOE) prepara ya su puesta en marcha.