En Madrid, desde hace muchos años, el interés de los gobiernos regionales ha sido que el ciudadano que pueda se haga un seguro privado de salud. Para el que no pueda, o no quiera, pues se mantiene la sanidad pública, en las condiciones que todos conocemos, especialmente la asistencia primaria. La sanidad pública no es una apuesta de las administraciones del PP (en Madrid), es una necesidad con la que cumplen como se hace con una obligación ineludible, pero fastidiosa. No recibe ningún cariño.

No es casualidad que, antes de la pandemia, el porcentaje de ciudadanos madrileños con seguro privado ascendiera al 40%, el más alto de España, mientras que la media nacional apenas pasaba del 25%.

Yo estoy 100% a favor de la sanidad privada, tengo un seguro de salud (bueno, en realidad dos, uno que paga la empresa donde trabajo, y otro mío personal), y cuando lo he considerado oportuno he ido a la sanidad privada, pagando el coste total de mi bolsillo.

Pero, desde mi punto de vista, promover la sanidad pública, en un Estado de Derecho que asegure el imperio de las leyes conforme a un orden económico y social justo, es un deber irrenunciable de las autoridades democráticas.