Políticos de altísimo nivel - Hilo oficial.

¿Cuánto vale la palabra de Sánchez?

No os perdáis esta entrevista a Rosa Diez, no tiene desperdicio.



La triada oscura de Pedro Sánchez (según Rosa Díez)

Aquí su terrible diagnóstico, desarrollado en 'Caudillo Sánchez', el nuevo libro de la ex socialista vasca. Es "narcisista, maquiavélico y psicópata"

https://www.elmundo.es/cronica/2023/...f358b4595.html


«La fobia que profesa a todo aquello -persona, organización, institución...- que no puede controlar; el castigo que inflige y/o el ostracismo al que condena a quien se atreve a disentir; la desautorización absoluta contra cualquier miembro de su propia formación que cuestiona siquiera mínimamente alguna de sus decisiones; la desacreditación grosera y orquestada que practica contra todo aquel que descubre y denuncia sus trampas; su absoluta falta de empatía con las personas que sufren las consecuencias de su actos; la búsqueda permanente del aplauso y del beneficio personal; el endiosamiento y la feroz descalificación contra cualquiera que se atreva a cuestionar sus órdenes... son algunos de los comportamientos que marcan a fuego la biografía política de Pedro Sánchez y que se ajustan como un guante a la personalidad descrita en psicología como la triada oscura (formada, en psiquiatría, por los tres ingredientes del mal carácter: el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo)».


Y no os perdáis su libro.

Esta gentuza falta el respeto a toda la cámara, hace lo que les sale del higo y después acusa al presidente de que le ha faltado el respeto, espero que estos inútiles se vayan a tomar por donde amargan los pepinos, menuda fulana, mengana o lo que sea.

Como siempre hay criados que lo tienen que limpiar po ná que se jodan los curritos. Saludos.

https://www.malagahoy.es/andalucia/v...783322905.html

Muy mal.

¿JuanMa no estaba en el debate por la ley que privatiza el entorno de Doñana para que puedan continuar los cultivos ilegales?
Tiene pinta de que quiere ganar votos y hacerse con la Diputación de Huelva que controla, es un decir, bastante sobre el tema.

Lo de Doñana suena a disparate, parece un disparate y seguramente sea un disparate.

Supongo que se paralizará y acabará durmiendo el sueño de los justos, y la intención real sea electoral y cortoplacista.

¡¡ Hombre !! entiendo que en España habrá algún experto en humedales, y algo habrán consultados a estos antes de decidir lo que quieren hacer, o solo va a ser para beneficiar a 100 sembradores de fresas, son pocos votos no creéis, pero claro lo bonito es seguirles el juego a los verdes y ecologistas que lo mejor para ellos es dejar al mundo como hace 100 millones de años y que por supuestos ninguno estaríamos aquí. Saludos.

Iniciado por ravilongui

¡¡ Hombre !! entiendo que en España habrá algún experto en humedales, y algo habrán consultados a estos antes de decidir lo que quieren hacer, o solo va a ser para beneficiar a 100 sembradores de fresas, son pocos votos no creéis, pero claro lo bonito es seguirles el juego a los verdes y ecologistas que lo mejor para ellos es dejar al mundo como hace 100 millones de años y que por supuestos ninguno estaríamos aquí. Saludos.

Habrán consultado a $.
Si se aprueba la ley, multa europea que tendrá que pagar el Estado. Gestión. Así cualquiera.

Iniciado por ravilongui

Esta gentuza falta el respeto a toda la cámara, hace lo que les sale del higo y después acusa al presidente de que le ha faltado el respeto, espero que estos inútiles se vayan a tomar por donde amargan los pepinos, menuda fulana, mengana o lo que sea.

Como siempre hay criados que lo tienen que limpiar po ná que se jodan los curritos. Saludos.

https://www.malagahoy.es/andalucia/v...783322905.html

Ya sabes que la izquierda vive en el mundo al revés. Ellos defiende matar niños y eso es "bueno" y quienes defienden la vida ..... dicen que son "fachas", y así con todo. En fin.

Iniciado por ravilongui

¡¡ Hombre !! entiendo que en España habrá algún experto en humedales, y algo habrán consultados a estos antes de decidir lo que quieren hacer, o solo va a ser para beneficiar a 100 sembradores de fresas, son pocos votos no creéis, pero claro lo bonito es seguirles el juego a los verdes y ecologistas que lo mejor para ellos es dejar al mundo como hace 100 millones de años y que por supuestos ninguno estaríamos aquí. Saludos.

Un ejemplo de como a la izquierda no le importan las personas, porque me da igual que los agricultores beneficiados sean 1.000, 100, 50 o uno solo. Todos importan, pero está claro que la izquierda antepone la ideología de su religión eco-progre al bienestar de las personas. ¿Qué su decisión supone la miseria para esos agricultores? pues contestan como la antigua inquisición: Diós te lo compensará en la otra vida, y se quedan tan anchos.

Iniciado por dacres

Muy mal.

¿JuanMa no estaba en el debate por la ley que privatiza el entorno de Doñana para que puedan continuar los cultivos ilegales?
Tiene pinta de que quiere ganar votos y hacerse con la Diputación de Huelva que controla, es un decir, bastante sobre el tema.

Vaya con la izquierda defensora "de la gente". Os tiene sin cuidado que unos pobres agricultores estén condenados a la miseria porque es mas importante la estúpida religión eco-progre basada en mentiras, fantasías y mitología de clase B.

Por cierto, querer echar la culpa al PP de Andalucia de lo que ocurre en Doñana, cuando el PSOE ha gobernado 37 años y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha mirado para otro lado irresponsablemente a los pozos ilegales, es de un cinismo político increíble. La gente cada día está más harta que ecologistas de despacho del barrio de Salamanca de Madrid y que no han pisado el campo en su vida se dediquen a tomar medidas que no dejan vivir a los agricultores. Hay que tener jeta, cara dura, poca vergüenza, eso por no hablar de todos aquellos imbéciles que les hacen seguidismo en la prensa y en las redes sociales porque son incapaces de pensar con más de una neurona.

Otro excelente articulo de Guadalupe Sanchez.


Linchamientos verticales

«Están transformando nuestro Estado de Derecho en una herramienta represora que se ha arrogado la potestad de disciplinar ideológicamente a sus ciudadanos»

https://theobjective.com/elsubjetivo...ales-gobierno/



Nuestro gobierno progresista de coalición prodiga eufemismos. Allí donde Sánchez ve paz social y convivencia, yo sólo veo rendición: la mal llamada concordia catalana se ha construido sobre la impunidad delictiva de sus dirigentes y la renuncia del Estado a restaurar la legalidad constitucional en Cataluña. Donde más se hace patente lo impostado de esta nueva cordialidad es en los linchamientos institucionales a los ciudadanos que se salen del canon de lo que se considera políticamente tolerable, bien sea por instar el cumplimiento de una sentencia para que un hijo reciba el 25% de sus clases en castellano, o bien por criticar en una red social la exigencia del C1 de catalán a los enfermeros. Los simpatizantes del independentismo han normalizado la delación al crítico o al disidente, al que no sólo se le margina socialmente, sino que se le machaca institucionalmente.

Mas nos llevaríamos a engaño si limitásemos este comportamiento pseudomafioso y mamporrero a Cataluña, pues los mismos patrones están cada día más presentes en el ámbito de la política nacional. Como he escrito en otras ocasiones para este mismo medio, el PSOE ha asumido tanto el discurso como los fines del independentismo.

Están transformando nuestro Estado de Derecho en una herramienta represora que ya no sólo ostenta el uso legítimo de la violencia para castigar actos delictivos, sino que se ha arrogado la potestad de disciplinar ideológicamente a sus ciudadanos mediante linchamientos institucionales y mediáticos, penosamente celebrados por una masa nada desdeñable de votantes acríticos. El modus operandi es por todos ya conocido: un ministro, un secretario de Estado o alto cargo afín a Moncloa señala, la jauría social y mediática se lanza contra la presa escogida y, en el calor de la hiperventilación, se pone en marcha el aparato institucional tanto para amedrentar al discrepante como a quienes estuviesen tentados de imitarle o apoyarle.

Este empeño institucional por disciplinar no se ciñe a los periodistas críticos con el Ejecutivo o a los jueces que, por dictar resoluciones contrarias a los intereses gubernamentales, son tildados de golpistas, machistas, vengativos, prevaricadores o fachas con toga: los linchamientos a ciudadanos y empresas han pasado a formar parte ya de nuestra cotidianeidad. La lista que les expongo a continuación no es taxativa, pero considero que merece ser recordada en el actual contexto de volatilidad electoral que nos aboca a la inmediatez:

–Los padres de los niños de las mal llamadas «madres protectoras» que han tenido que soportar que una ministra, una secretaria de Estado, diputados y periodistas los acusasen de maltratadores, abusadores o pederastas, mientras a ellas, condenadas en firme por el delito de sustracción de menores, no sólo las indultaban, sino que además las disculpaban.

-Los cánticos erótico-festivos de los jóvenes alumnos del Colegio Mayor Elías Ahuja -que no ofendieron a sus destinatarias sino a quienes se arrogaron unilateralmente su representación- se saldaron con la expulsión de algunos estudiantes tras ser señalados directamente por Pedro Sánchez y Grande Marlaska. Hasta la fiscalía abrió diligencias a instancia del ministro.

–Los numerosos descalificativos y ruindades que, desde el Gobierno, se han lanzado contra Amancio Ortega o Juan Roig. Al que fuera presidente de Inditex, lo llamaron evasor fiscal o insinuaron que sólo estaba dispuesto a bajar la «calefacción en los barracones del servicio». Al de Mercadona, la ministra Belarra lo acusó de ser un «capitalista despiadado» por estarse «haciendo de oro» inflando sus beneficios a costa de subir los precios en la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Pensarán ustedes que esto es sólo cosa de los de Podemos y que el PSOE simplemente mira para otro lado, pero no es así: la supuestamente moderada Nadia Calviño ha anunciado la creación de un observatorio para vigilar los márgenes empresariales.

-A la cantante seleccionada para representar a Eurovisión el año pasado, Chanel, la intentaron censurar porque, a juicio de la neoinquisición feminista, el vestuario, el baile y la letra de la canción cosificaban a la mujer. Para desgracia de quienes intentaron cancelarla, subió al podio y dejó a nuestro país en muy buen lugar.

–El presentador televisivo Pablo Motos o el streamer conocido como El Xocas fueron caricaturizados en una campaña del Ministerio de Igualdad financiada con dinero público para denunciar actitudes o comportamientos machistas. Es curioso que rebuscasen entre personajes críticos con las políticas del Ejecutivo y no entre las filas de sus propios partidos, donde se ve que el patriarcado ha sido derrocado a pesar de la omnipresencia de los machos alfa.

– La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció públicamente el inicio de actuaciones inspectoras contra el presidente de la patronal de empresarios, Antonio Garamendi, para investigar si estuvo trabajando para la CEOE como falso autónomo.

–Una bodega berciana recibió un requerimiento del Instituto de las Mujeres, dependiente de Igualdad, para retirar un cartel que representaba la imagen pintada de una joven mirando al mar de espaldas, con un bikini de corazones. Consideraban que: «La actividad de la Bodega no justifica la cosificación femenina que emana del anuncio, presentando a la mujer como objeto sexual». Para más inri, la valla publicitaria reproducía la etiqueta de un vino que lleva comercializándose más de diez años.

–Ana Obregón ha sido lapidada institucional y mediáticamente por recurrir a la gestación subrogada para alumbrar a su nieta. Al margen del debate legal sobre esta técnica reproductiva en particular, no han sido pocos los cargos públicos que se han sumado al linchamiento de la popular actriz y presentadora recurriendo a eslóganes efectistas o a falacias del tipo «está comprando a un niño».

–Lo del acoso y derribo contra Ferrovial tras anunciar el cambio de domicilio a los Países Bajos ha sublimado el esperpento de toda la campaña de odio contra el empresariado rico y próspero en la que lleva embarcada nuestra izquierda gubernamental desde el inicio de la legislatura. Mucho se ha escrito ya sobre este particular, pero me permito remitirles a la lectura del fantástico artículo de opinión de Benito Arruñada: Ferrovial como síntoma.

-En las últimas horas hemos sabido que miembros del grupo Frente Obrero han recibido una propuesta de sanción al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana -llamada por la izquierda ley mordaza– por irrumpir en un mitin de Patxi López en Valencia al grito de «Sáhara Libre». Se les atribuye, nada más y nada menos, la perturbación de la seguridad ciudadana en un acto público.

Ya ven, queridos lectores: aquellos llantos por la merma de libertades que suponía la ley mordaza no eran más que postureo insustancial. Los mismos que denunciaban los bozales legislativos para silenciar a la disidencia han obligado a las instituciones a abandonar su necesaria neutralidad y las han transformado en una herramienta para amansar a los ciudadanos que se resisten a consentir la monopolización del debate público: sólo aplaudir o callar te eximirá del señalamiento.

Cierto es que se trata de un proceso multifactorial y multicausal, pero no me cabe duda de que estos linchamientos verticales, desde el poder hacia los ciudadanos, son una de las manifestaciones más alarmantes de la degradación democrática en la que está inmersa nuestro país. Cuando el aparato del Estado se erige en el principal enemigo de las libertades de los ciudadanos que en él habitamos, obligándonos a medir nuestras palabras o actos aun estando formalmente amparados por la legalidad, significa que la seguridad jurídica se ha desnaturalizado y deteriorado de forma difícilmente recuperable.

Demos un repaso al articulo mencionado por Guadalupe Sanchez en su articulo.



Ferrovial como síntoma

«La emigración de Ferrovial et al. evidencia nuestras miserias, pero será necesaria mientras sigamos maltratando al empresario»

https://theobjective.com/elsubjetivo...as-beneficios/


El Consejo de Ferrovial ha propuesto a sus accionistas trasladar su sede social a los Países Bajos, y sus accionistas están en su derecho de decidir lo que mejor convenga a sus intereses particulares.

Como revela la reacción bursátil de estos días, el traslado puede resultarles provechoso, y ello por varios motivos. Lo de menos es que, a diferencia del actual Gobierno de España, el de los Países Bajos no se dedique un día sí y otro también a utilizar a sus empresarios como recaudadores para sus ocurrencias impositivas, o a despotricar contra ellos para tapar sus propios fiascos y corruptelas, una actitud ésta que sólo confirma lo acertado del traslado.

Lo esencial es que los Países Bajos ofrecen un marco legislativo más flexible y estable, junto con unos reguladores bursátiles y unos jueces mercantiles fiables; y que, a diferencia de España, es un país solvente y bien dirigido. Son tres pilares del buen gobierno corporativo y, como consecuencia, permiten contratar a mejor precio operaciones de capital, ya sean de fondos propios o ajenos.

No sólo lo dice Ferrovial. Tanto si atendemos al índice de calidad del estado de derecho (el Rule of Law Index) como al componente específico del Global Competitiveness Report sobre la eficiencia del sistema jurídico-judicial para resolver conflictos societarios, la puntuación de los Países Bajos es notablemente superior a la de España, e incluso a las de Italia y Francia. Por añadidura, puntúan muy por encima en cuanto a la aplicación real del ordenamiento y no a su rigor teórico, como sucede respecto a la responsabilidad de los administradores. Son el Delaware europeo.

No debe extrañarnos esta ventaja en materia de sociedades mercantiles. A lo largo de la historia, los Países Bajos fueron grandes innovadores en este campo, desde la creación en 1602 de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Lo mismo en el siglo XX, con el invento de nuevas fórmulas de cooperación internacional, como fue la fundación de Shell en 1907, mediante la unión de dos empresas como dual-listed companies, imitada más tarde por Unilever, o, más recientemente, con el desarrollo de numerosas fusiones e iniciativas transfronterizas, desde Airbus o Euronext a pymes españolas como Wallbox o Lleidanet, que han optado por cotizar en Wall Street a través de los Países Bajos. Las acciones de Ferrovial podrán incluso entrar en los principales índices estadounidenses, beneficiándose así de la ingente inversión que canalizan los fondos indexados.

Igualmente, a la hora de endeudarse, la nacionalidad de nuestras empresas les perjudica en la medida en que, con independencia de que ya tengan poco negocio en España (el 18% en el caso de Ferrovial; similar al de nuestras grandes empresas), mucho inversor extranjero las asocia a un país cuya deuda pública sólo se sostiene con la muleta que le presta el Banco Central Europeo. Lógico que no quieran repetir los apuros que sufrieron durante la pasada crisis financiera, cuando, al dispararse nuestra prima de riesgo, hubieron de pagar más por refinanciar su deuda. Esa amenaza es un riesgo que nuestros actuales gobernantes desprecian para mantener a sus votantes dopados con un gasto público insostenible. Pero todo administrador prudente debe preverlo; y su cobertura es, si no imposible, cuando menos costosa. Máxime para una empresa que pronto debe afrontar refinanciaciones importantes de deuda.

Por último, los Países Bajos también cobran efectivamente menos impuestos a los beneficios societarios, y han sido incluso tildados de paraíso fiscal. Bonifican en su totalidad los beneficios obtenidos en el exterior mientras que España sólo lo hace al 95 %, lo que podría representar hasta 40 millones de euros anuales. Además, el fisco neerlandés no suele tener muchos reparos en negociar trajes a medida para grandes empresas. También suele ser menos arbitrario y más previsible en el tratamiento de las operaciones vinculadas y los precios de transferencia, un mecanismo que permite minimizar la carga fiscal total.

Pero observe, por un lado, que aprovechar esas diferencias no es una opción legal: es una obligación de todo buen administrador con sus accionistas. Considere, por otro lado, que la imposición sobre los beneficios empresariales, amén de tener efectos muy discutibles, se está demostrando incompatible con un mercado global. Por último, la mayor parte de estas diferencias fiscales son ya obtenibles mediante sociedades instrumentales y filiales neerlandesas, sin necesidad de trasladar la sede social, por todo lo cual no es probable que el factor fiscal sea decisivo.

En todo caso, la existencia, cuantía y reparto (entre grupo de control y minoritarios, por ejemplo) de estos beneficios particulares de trasladar la sede debe preocupar tan sólo a sus accionistas. Lo que el resto de los ciudadanos debemos preguntarnos es si ese traslado entraña más costes que beneficios para el conjunto de la sociedad.

Siendo realistas, la respuesta ha de ser negativa, porque sería mucho peor para casi todos (excepto, amén del Gobierno, algunas consultoras y grandes firmas de abogados) que Ferrovial tuviera que seguir soportando un entorno político, regulatorio y fiscal que lastra seriamente sus posibilidades de desarrollo. En especial, la empresa ha prometido seguir usando España como «principal fuente de desarrollo de talento». Es creíble, porque no es casualidad que tengamos varias multinacionales dedicadas a construir obra pública y gestionar infraestructuras, probablemente por contar con escuelas de ingenieros relativamente buenas. Ese talento saldrá beneficiado con el mayor crecimiento que pueda experimentar Ferrovial cuando contrate desde Ámsterdam. El híbrido de ingenieros españoles y reguladores neerlandeses promete aprovechar mejor sus respectivas ventajas comparativas; y Estados Unidos, dado su insólito déficit de infraestructuras, es un buen terreno para aplicarlas.

Los costes sociales del traslado serían mayores que los beneficios sólo si, abandonando la realidad, nos convirtiésemos en idealistas. Esto es, si confiásemos en que, si no hoy, al menos mañana viviremos en un país en el que las empresas no sean demonizadas por el Gobierno por el gran pecado de lograr beneficios, o sea de producir más de lo que consumen; un país en el que las leyes sean elaboradas siguiendo procedimientos reglados y con un mínimo de sensatez; y un país en el que los gobiernos, los jueces y los reguladores sean imparciales, rápidos y competentes.

En esa situación ideal sí que sería un drama que empresas como Ferrovial emigraran. Pero no se preocupen: también sería un error, un error tan claro y grave que ninguna de las ferroviales que ahora medita cuándo emigrar estaría tentada a cometerlo.

Hacienda descubrió un presunto segundo fraude de Espinosa de los Monteros al investigar la "factura falsa" de 169.400€. Facturó a nombre de sus empresas algo que tendría que haber tributado a su nombre (así pagó menos). Debe 293.381,57€.

“10 millones de euros en activos, 0 empleados, facturación de más de 2,3 millones de euros (triplica la anterior). Cuentas de dos inmobiliarias con administrador único, Espinosa de los Monteros (Vox), que no ha presentado declaración de bienes al Congreso”

Iniciado por Albert Dirac

Lo de Doñana suena a disparate, parece un disparate y seguramente sea un disparate.

Supongo que se paralizará y acabará durmiendo el sueño de los justos, y la intención real sea electoral y cortoplacista.

Por eso llevaba cuarenta años haciéndose sin ley con La PSOE. Ahora que se legaliza va a ser un desastre. Como para dar lecciones.