Y ya que hablamos de inútiles y de corruptos, pasemos al como siempre magnifico articulo de Guadalupe Sanchez para que ilustre a los despistados y desinformados juristas de reconocido prestigio de la izquierda.
El golpe de Pumpido
«Se ha desatado la tormenta: el ego de Cándido no soporta que desde un tribunal de provincias se le acuse nada menos que de extralimitarse en sus funciones»
https://theobjective.com/elsubjetivo...alupe-sanchez/
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos y una garantía para su libertad. Lamentablemente, el sectarismo político y la ignorancia jurídica lleva a muchos a identificar la democracia con el sufragio universal, ignorando así la segunda parte de la ecuación: la separación de poderes.
En la España de Sánchez, la judicatura no sólo recibe ataques a su independencia desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, ahora también desde el Tribunal Constitucional, que bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido ha usurpado al Tribunal Supremo sus exclusivas funciones casacionales con el objetivo de garantizar que ninguna resolución judicial pueda perturbar la permanencia de los socialistas en Moncloa. Y si alguien albergaba alguna duda, lo ocurrido con el caso de los ERE la despeja.
La Audiencia Provincial de Sevilla, en un movimiento inédito -y valiente-, ha osado cuestionar las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que han dejado en papel mojado las condenas por uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española. Lo ha hecho porque, según sus magistrados, el Constitucional no se ha limitado a valorar si se ha vulnerado algún derecho fundamental, sino que ha reescrito los hechos, reinterpretado las pruebas y asumido funciones que sólo competen a los tribunales ordinarios
Ante tal despropósito, la Audiencia ha amagado con elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe si la sentencia de los de Pumpido es compatible con las obligaciones internacionales de lucha contra la corrupción. Y ahí se ha desatado la tormenta: el ego de Cándido no soporta que desde un tribunal de provincias se le acuse nada menos que de extralimitarse en sus funciones y de convertir al Constitucional en un órgano garante de impunidad para los políticos socialistas condenados y sus socios.
Porque nadie debe llevarse a equívoco, dado que más allá de las consideraciones y los debates de índole jurídico, lo cierto es que si el caso de los ERE no viniera referido a la corrupción de altos cargos del PSOE, el Constitucional jamás habría revisado la condena impuesta por los tribunales. Como tampoco se plantearían avalar la amnistía si la gobernabilidad de Pedro Sánchez no dependiera de los votos de Puigdemont. Ésta, y no otra, es la cruda y asquerosa realidad.
En cualquier caso, la reacción de Pumpido ante la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla es tan reveladora como grotesca: ha convocado a los letrados del tribunal, ha solicitado el expediente de la Audiencia y ha deslizado que plantear una cuestión prejudicial para preguntar a la justicia europea sobre la legalidad de una sentencia del Tribunal Constitucional podría ser un acto de desobediencia. Dicho de otra forma: Pumpido avisa de que si no se pliegan a sus resoluciones y dictan una nueva sentencia que recoja sus correcciones, tomará represalias. El Constitucional convertido así en un burdo comisario político.
En cualquier caso, esta maniobra de Conde-Pumpido es un atentado directo contra la independencia judicial. Impedir que un órgano jurisdiccional plantee una cuestión prejudicial al TJUE como prevé el Tratado de Funcionamiento de la UE no solo vulnera la autonomía de los jueces, sino que también desafía la primacía del derecho de la Unión Europea sobre el nacional. La jurisprudencia del TJUE ha sido clara al respecto: en el caso Meloni (C-399/11), el Tribunal determinó que los Estados miembros no pueden aplicar un nivel de protección de derechos fundamentales que comprometa la primacía, unidad y efectividad del derecho de la UE. Es decir, las decisiones del TJUE prevalecen sobre las interpretaciones nacionales, incluso las del Tribunal Constitucional.
La actitud de Conde-Pumpido recuerda peligrosamente a las prácticas del anterior gobierno de extrema derecha polaco, que sancionó a jueces por plantear cuestiones prejudiciales al TJUE. Esta intromisión en la autonomía judicial llevó al Tribunal de Justicia de la UE a imponer a Polonia una multa de 320 millones de euros por no garantizar la independencia de su sistema judicial. Si seguimos por este camino, España podría enfrentarse a sanciones similares, dañando aún más nuestra ya maltrecha reputación internacional y constatando el nivel de degradación democrática y putrefacción institucional en el que estamos inmersos.
Pero ojo, porque más allá de las posibles represalias europeas, no puede descartarse que, si Pumpido lleva hasta sus últimas consecuencias su intentona de frenar a la Audiencia de Sevilla, incurra en un comportamiento prevaricador. Al fin y a la postre, su triunfo consolidará un golpe de Estado silencioso que someta la justicia a los designios del sanchismo: convirtiendo al Tribunal Constitucional en una última instancia casacional, se asegurará de que cualquier sentencia que perjudique las necesidades de gobernabilidad de Pedro Sánchez pueda ser revisada y, si es necesario, anulada. Las consecuencias de su éxito no se agotarán en la perversión del sistema judicial, sino en la destrucción de la separación de poderes y, con ella, de nuestro maltrecho Estado de derecho.
Desde noviembre de 2022, se ha ido despojando al Tribunal Constitucional de su función fundamental de garante imparcial de la Constitución para transformarlo en un órgano satelital del gobierno cuya principal misión es ejecutar el cambio de régimen. En este país abotargado, apelar a una reacción de la sociedad civil, de los profesionales del derecho o de las instituciones españolas o europeas es inútil y sólo conduce a la melancolía. Vivimos instalados en la cultura del sálvese quien pueda, que es ésa que te convence de que no tienes de qué preocuparte mientras no vayan a por ti. Pero hay un puñado de jueces, hombres y mujeres valientes, que han decidido dignificar su puesto, plantar cara y defender el marco democrático constitucional hasta el final. Ellos merecen toda nuestra admiración, respeto y aliento.