Interesante e intensa semana en el Supremo.

Sigo sin ver ninguna prueba convincente de rebelión; me parece muy difícil que nadie vaya a ser condenado por este delito.

Sin embargo, la sombra amenazante de una condena por sedición se extiende sobre los señores Junqueras, Sànchez, Cuixart y Forn (además del señor Trapero en la Audiencia). Los testimonios de los altos cargos del Ministerio del Interior, la Policía y Guardia Civil, la secretaria judicial Montserrat del Toro y, todavía inconcluso hasta el lunes, el comisario de los Mossos Manel Castellví (que reconoció haber presentado un informe a la Generalitat, avisando de posibles enfrentamientos entre fuerzas del orden y votantes durante el 1-O), han acumulado una cantidad de evidencias que va a ser complicado que no pesen en el ánimo de los jueces.

Las defensas, sobre todo la del señor Junqueras, siguen empeñadas en hablar de violencia policial, que es irrelevante para los actos de sus defendidos y, por otra parte, ya se juzga en tribunales de Cataluña. Y ni siquiera el habilidoso abogado del señor Font, el señor Melero, ha podido contrarrestar los testimonios que hemos escuchado.

Muy llamativa también, para los delitos de malversación y distracción de caudales públicos, la evidencia que la Generalitat había encargado trabajos informáticos, que una de sus autoras confesó, presionada por el juez Marchena, que había hecho después una factura negativa, por temor a las consecuencias que podía tener en la investigación de la Guardia Civil. O el publicista señor Burriel, que hizo lo mismo con respecto al trabajo que realizó sobre registro de catalanes en el exterior.